Un golpe conservador a las garantías individuales, ahora también en el sistema de salud, público y privado. Personal médico y de enfermería podrá negarse a realizar prácticas contrarias a su ética, como el aborto y la eutanasia, luego de que el Senado avalara el pasado jueves la reforma de la Ley General de Salud.

El senado aprobó la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería, agregando un artículo a la Ley General de Salud. Resulta que no se trata sólo de un asunto específico de la salud reproductiva o el aborto en particular, sino de los procedimientos médicos en general. En ese sentido la cosa podría ser todavía mucho más grave de lo que se ha regado en las redes sociales, porque un médico podría apelar la objeción de conciencia incluso para no efectuar una transfusión de sangre o para no colocar un dispositivo intrauterino. Ni hablar de declarar muerto a un paciente en estado de coma para que sus órganos puedan ser utilizados en trasplantes que le salven la vida a muchas personas.

El tema es complejo. ¿Puede un médico negarse a practicar un aborto –cosa que está en la ley hasta el tercer mes de embarazo en la Ciudad de México? ¿Sus convicciones religiosas deben contar a la hora de un procedimiento médico legal?

La senadora Angélica de la Peña aseguró que con esta aprobación se crea un grave retroceso en el país, donde apenas hay médicos para atender a la población.

“No nos hagamos tontas, ni tontos, esta reforma a la Ley General de Salud está dirigida para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, como una cuestión inalienable de cada una de nosotras a decidir sobre nuestra maternidad”, sentenció de la Peña.

 

El verdadero punto en cuestión es que el artículo 10 bis de la ley General de Salud, acaba protegiendo los derechos de unos, pero violentado los de otros, tanto en instituciones públicas como privadas. Los únicos límites son que se encuentre en peligro la vida del paciente o que se trate de una urgencia médica.

Pero eso no es todo. En este asunto que huele a conservadurismo y mucho a la mano de la iglesia católica, no se garantizó la presencia de personal no objetor. ¿A nadie se le ocurrió que debía establecerse la obligatoriedad de contar con personal no objetor en cada puesto de cada institución? ¿Qué tal si hay un médico dispuesto a practicar el aborto pero el anestesista se niega a participar? ¿Qué pasa si el médico que atiende en primera instancia a la paciente demora ex profeso la derivación con otro profesional para que el procedimiento ya no sea posible? La objeción de conciencia ha resultado un arma de doble filo, una solapada intervención religiosa en las garantías laicas del sistema de salud. Y, sobre todo, un exitoso caso de cabildeo de los grupos más conservadores de México. Así de sencillo.

Con información de Huffingtonpost y  El Heraldo de México

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