El caso de una niña de 11 años que se quedó embarazada por una violación vuelve a sacudir Bolivia. La menor, en un primer momento, quiso acogerse a la interrupción legal de la gestación, pero la Iglesia católica la disuadió.

La sociedad se ha dividido en dos bandos mientras llueven críticas contra los religiosos que intervinieron, los periodistas que informaron de que se iba a practicar el aborto y también sobre el Gobierno y las feministas.

La niña estaba internada en un servicio de salud de la región boliviana de Santa Cruz, a la espera de uno de los tipos de aborto que están permitidos en el país: cuando el embarazo es fruto de una violación, un estupro o es producto de una relación incestuosa. El aborto también está autorizado cuando la vida de la madre se halla en riesgo.

Un hombre de 61 años, que es el padre de su padrastro, fue quién violó a la niña. Los abusos ocurrieron durante los 10 meses que tuvo que convivir con este hombre en una localidad de Santa Cruz, mientras su madre y su padrastro trabajaban en La Paz. El violador está actualmente en prisión. Hace seis años, la hermana mayor de la niña también fue violada. Esta vez el autor fue su propio padre, que igualmente terminó encarcelado.

Algunos medios de comunicación cubrieron el hecho de que iba a producirse el aborto, lo que puso en alerta a la Iglesia católica. Varios religiosos hablaron con la madre de la niña y la convencieron de que desistiera de su propósito.

La niña salió del hospital y fue llevada a un centro católico de acogida para muchachas que se encuentran en situaciones parecidas.

Según uno de los policías que se hicieron cargo del caso, la Iglesia ofreció pagar una mensualidad a la familia para que no interrumpiera su embarazo.

Obligar a una niña a a parir es violencia.

El Ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, tuiteó en respuesta que “cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos”. “Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”, añadió. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, fue más allá.

Señaló que la actuación de la Iglesia católica era “delincuencial”, afirmó que se está “torturando a una niña” y aseguró que informaría de lo sucedido al Vaticano.

Los grupos provida se apoyan en el hecho de que la niña tiene cinco meses de gestación, superior a las 13 semanas que se consideran como referencia para la práctica de abortos legales. En lo que respecta a la niña, ella no adquirió conciencia de su embarazo hasta una fase avanzada del mismo. Desde el punto de vista legal, en cualquier caso, el tiempo de embarazo resulta indiferente.

Los únicos requisitos que exige la ley son que haya una denuncia de la violación y el consentimiento de la embarazada o, si esta es menor, el de sus tutores. Sin embargo, en muchas ocasiones los médicos se niegan a cumplir con la ley y a intervenir a las mujeres y niñas violadas. Desde 2014 hasta hoy, se han realizado 508 abortos legales, el 48% de ellos a víctimas menores de 18 años.

En México, el aborto por violación es legal en todo el país y no es necesaria una denuncia. Basta con la palabra de la mujer para que reciba este servicio de salud esencial.

En Fundación Marie Stopes estamos para apoyarte o para apoyar a toda mujer que necesite interrumpir su embarazo, por la razón que sea. Contamos con subsidios del 100% para mujeres que se encuentran en esta situación.

Con información de El País.