El tema del aborto ocupa uno de los primeros lugares en el debate público nacional, junto a la posible reelección del presidente Danilo Medina y los No Ha Lugar de los Félix (Bautista y Rodríguez), que ha provocado actos de protesta a todo lo largo y ancho del país.
República Dominicana es uno de los cinco países en América Latina que mantienen la prohibición del aborto; los otros son, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua y aun tiene pendiente, como una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), reducir la tasa de muertes maternas a 47 por 100,000 nacidos vivos, fallecimientos que ascendieron a 179 en 2014, lo que implica una tasa de 89 muertes por cada 100,000 nacidos vivos.
En el caso del aborto, corresponde ahora al Tribunal Constitucional (TC) decidir ante los tres recursos de inconstitucionalidad incoados por igual número de instituciones de la sociedad civil, contra los artículos del Código Penal que dejan abierta la posibilidad de interrumpir el embarazo en determinadas circunstancias.
Fue a mediados de diciembre de 2014 que Danilo Medina observó la Ley 550-14 del Código Penal, e introdujo un texto alterno para modificar los artículos 107, 108,109 y 110 referidos al aborto terapéutico, que regula tres excepciones dirigidas a garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y del personal que brinda asistencia médica: 1) En caso de peligro de la vida de la madre; 2) en caso de violación o incesto; 3) en caso de malformación del feto incompatible con la vida.
El 23 de enero, la Fundación Matrimonio Feliz solicitó al Tribunal Constitucional que fijara la fecha de la audiencia a fin de conocer un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por ellos, lo cual tuvo lugar este lunes 20 de abril. De inmediato, los obispos respaldaron la solicitud, y la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), convocó a una jornada de oración el fin de semana previo, en virtud de su criterio de defender “la vida desde la concepción hasta su muerte natural”.
Las fundaciones Transparencia y Democracia y Justicia y Transparencia son las otras dos entidades que presentaron recursos ante el TC.
En un documento emitido por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, integrado por once instituciones, y entregado al TC en relación con las tres acciones directas de inconstitucionalidad contra la reforma penal, se expone:
“El Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de garantizar y proteger los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas en la audiencia pública de este lunes para decidir sobre las tres Acciones Directas de Inconstitucionalidad contra las reformas penales contenidas en los artículos 107-110 de la Ley 550-14 del Código Penal”.
Entre las entidades que defienden los Derechos de la Vida y las Mujeres, se encuentran el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Periodistas, la Colectiva Mujer y Salud, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), la Fundación Oxfam Intermón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), el Centro de Estudios de Género de la Universidad Instituto Técnico (CEG-Intec), la Unidad Sindical de Mujeres Activas (Unisimas-CNUS), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (Fenamutra) y el Centro para la Educación y el Desarrollo (Ceduca).
Gran número de agrupaciones feministas, como Colectiva Mujer y Salud, y representantes de organizaciones de la sociedad civil que defienden el derecho al aborto, pidieron a los jueces del TC mantener lo establecido en el Código Penal, tal y como lo aprobó en diciembre la Cámara de Diputados.
Dichas propuestas de modificaciones hechas por el mandatario al Código Penal, y acogidas en el Congreso, específicamente en la Cámara Baja, pasan ahora a otra fase de debate en materia judicial.
La decisión final está en manos de la alta corte; en tanto la coalición insiste en que “esta despenalización del aborto” por las tres causales claramente definidas por el Código Penal, es de gran importancia para los profesionales de la salud ya que les ayuda a enfrentar la disyuntiva de querer salvar las vidas de mujeres y niñas y no poder hacerlo debido a normativas restrictivas que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
Con información de Dominicanos Hoy.
