Aunque el aborto por violación es legal en todo el país, en la práctica las autoridades siguen obstaculizando o impiden el acceso a la atención médica necesaria, según un informe realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la norma oficial mexicana 046 la atención se debe garantizar únicamente con la declaración de la víctima bajo protesta de decir verdad; sin embargo, no siempre sucede así, pues se solicitan requisitos adicionales, como una denuncia previa o autorización del Ministerio Público (MP) o imponen un plazo para derivarlas al sector salud, ya sea de tres meses a partir de la violación o estar en cualquier etapa del proceso penal.

Tres requisitos en varios estados:

Según el análisis de Gire, estas son las cuatro entidades donde ponen tres requisitos anteriores: Baja California, Campeche, Colima e Hidalgo.

En Quintana Roo no solicitan la autorización del Ministerio Público para la atención sanitaria, pero los otros dos requisitos sí.

En tanto, en seis entidades piden requisitos denuncia previa y autorización del MP: Baja California Sur, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco y Aguascalientes.

Mientras, en siete estados son enfáticos en que la víctima cumpla un periodo de gestación determinado o estar en cualquier etapa del procedimiento penal: Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Aguascalientes.

Gire advierte que la falta de homologación de algunos códigos penales con la legislación general en la materia de atención a víctimas, pone en desventaja a las mujeres en esas entidades, pues enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de interrupción del embarazo.

Sin estadísticas oficiales sobre aborto y violación

Para el informe sobre penalización del aborto, dado que no existen estadísticas sobre el tema, Gire solicitó información a instituciones de salud federales y locales, así como a procuradurías de justicia.

En total, los servicios de salud reportaron haber realizado 137 interrupciones del embarazo por violación de diciembre de 2012 a octubre de 2017, así como haber recibido 62 autorizaciones para estos procedimientos.

“Un promedio de 27 interrupciones al año en todo el país. De estos casos, 52 corresponden a menores de edad, algunas de ellas de 10 años”, señala.

Agrega que de diciembre de 2012 a octubre de 2017 las procuradurías de justicia habían registrado 30 autorizaciones de aborto por violación.

Cifras más realistas en Ciudad de México

Al ser Ciudad de México la única entidad donde está despenalizado el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, mujeres de todos los estados acuden a realizarse estos procedimientos.

Según información sobre pacientes atendidos en servicios de interrupción legal del embarazo establecidos en la capital del país, de abril de 2007 al 30 de noviembre de este año se han atendido 204 mil 580 mujeres tan sólo con expresar la voluntad de las solicitantes.

Con información de La Jornada 24 de diciembre de 2018

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