La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar amnistía a los presos políticos y así comenzar un proceso de pacificación del país debe incluir a las mujeres que se encuentran en reclusión por el delito de aborto.

La idea fue de agrupaciones como la organización civil guanajuatense “Las Libres”, que en 2009 documentó casos de mujeres indígenas acusadas de homicidio en razón de parentesco por tener un aborto espontáneo.

Al encontrar que de 2000 a 2017 se criminalizó a 3 mil 900 mujeres, quienes fueron acusadas, sentenciadas o procesadas por aborto, “Las Libres” pusieron en el debate público el perfil de las mujeres que se encuentran en esta situación, que muchas veces ni siquiera planearon.

En este escenario, en agosto pasado la senadora y feminista Martha Lucía Micher, ahora presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, declaró que en el país había al menos 3 mil mujeres encarceladas por aborto que deberían beneficiarse con la amnistía.

Siguiendo este enfoque, el 6 octubre pasado la coordinadora de los foros de paz del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortiz Ahlf, declaró en uno de estos eventos organizado en Oaxaca que se estudia la posibilidad de otorgar la amnistía a estas mujeres.

Dos días después de la afirmación de Ortiz Ahlf, la senadora con licencia y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que era más viable buscar la despenalización del aborto en todos los estados, porque al ser un delito de orden común es de competencia estatal.

Mientras las senadoras de Morena se manifiestan a favor de la amnistía e incluso piden la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, como se estableció en las leyes de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador mantiene una posición más conservadora

El pasado 25 de noviembre, la ministra en retiro Sánchez Cordero fue increpada por manifestantes al concluir su participación en la Feria internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde reiteró que estaba con la despenalización del aborto porque ello significa que las mujeres no sean procesadas.

El perdón del PRD

Aunque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha criticado la propuesta de amnistía del nuevo gobierno, este 27 de noviembre el senador perredista Juan Manuel Zepeda Hernández presentó ante el Senado una propuesta de Ley de Amnistía en favor de las mujeres que se encuentran en prisión por este delito.

Con la ley, que consta de tres artículos, se otorgaría la libertad a todas las mujeres encarceladas o procesadas por el delito de aborto, en cualquiera de sus causales; se revocarían las órdenes de aprehensión pendientes y en caso de amparos, éstos deberán ser sobreseídos.

La iniciativa del legislador perredista se basa en la información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que indica que de enero de 2007 a diciembre de 2016 se documentaron 83 casos de personas en prisión preventiva por el delito de aborto, 44 de ellas mujeres; y 53 en prisión definitiva, 19 de ellas mujeres.

El ex candidato a la gubernatura del Estado de México expone en su iniciativa las investigaciones de GIRE, por ejemplo, que ante situaciones de abortos o partos fortuitos las mujeres son también acusadas de delitos como infanticidio u homicidio calificado.

También indica que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un corte informativo de fecha 31 de octubre de 2018, indican que se han registrado 468 delitos de aborto en todo el país.  Ciudad de México con 85, Estado de México con 60 y Baja California con 56.

Al presentar la iniciativa, que suma a los cinco integrantes de la bancada perredista y 17 legisladores más, el senador Juan Manuel Zepeda Hernández dijo que la propuesta es vital para la vida de muchas mujeres, cuyo “único delito” fue abortar.

Esto porque el aborto seguiría siendo un delito, ya que la propuesta de Ley de Amnistía no modifica el artículo 332 del Código Penal federal que dice que se impondrán de seis meses a cinco años de prisión ala madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar.

Con información de CIMAC y Milenio

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