Aun cuando se despenalizó la interrupción del embarazo, oaxaqueñas enfrentan discriminación y otras dificultades en el sector público de Salud.

Cuando Minerva decidió no continuar con su embarazo y ejercer su derecho a interrumpirlo, como lo contempla la ley en Oaxaca, se topó con una barrera: los argumentos religiosos del personal médico del Hospital Civil Aurelio Valdivieso.

Fue el 17 de agosto cuando a Minerva, quien pide no dar a conocer su nombre real, le dijeron “que se iría al infierno” por decidir no ser madre. Los médicos le negaron su derecho, pidéndole reconsiderar su decisión.

El 25 de septiembre de 2019, Oaxaca hizo historia al legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Fue la segunda entidad del país en aprobar una legislación de este tipo.

A un año de distancia, los alcances de la modificación al Código Penal de Oaxaca apenas han permitido que, en ese lapso, oficialmente seis mujeres hayan tenido acceso al derecho de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de acuerdo con datos del Congreso de Oaxaca.

A otras miles que, como Minerva, desean acceder a ese derecho, los obstáculos las siguen empujando a la clandestinidad.

De acuerdo con la organización Marea Verde Oaxaca, la modificación de la legislación está a medias, pues no se ha cambiado la Ley Estatal de Salud para que las mujeres accedan a la ILE.

La iniciativa, que se convirtió en ley el año pasado, modificó del artículo 312 al 316 del Código Penal estatal, cambios que también contemplan sanciones de tres a seis meses de prisión si un embarazo se interrumpe después del plazo permitido. Y hasta 10 años de prisión a quien obligue a una mujer a abortar.

La nueva ley pretende erradicar la criminalización hacia quienes deciden interrumpir sus embarazos. Hasta antes de la modificación, en Oaxaca sumaban 20 las mujeres que habían estado presas por abortar y 49 las carpetas de investigación relacionadas con abortos; un año después, una de ellas sigue presa.

¿Qué hace falta?

A un año de la despenalización, activistas cuestionan la dilación de legisladores e instituciones de Salud, pues este es un derecho ganado de las mujeres que atendería el problema de salud pública en el que se ha convertido el aborto clandestino.

Desde hace años, en organizaciones como Marea Verde Oaxaca, mujeres acompañan a otras para interrumpir el embarazo.

La representante de Católicas por el Derecho a Decidir, Valentina Jaso, indica que “ninguna mujer que decide abortar enfrenta el proceso con alegría”.

Por esa razón, en las organizaciones no sólo se acompaña a las mujeres en el plano médico, sino también con psicólogas feministas que ayudan a las mujeres a superar el proceso. Para la activista Mayra Aldaz, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el Estado no solamente debe garantizar a las mujeres el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, sino también proveerlas de métodos anticonceptivos, educación sexual, servicios de salud sexual y reproductiva.

No obstante, ello no significa que los abortos dejen de existir.

Sobre todo, insiste, la despenalización debe contribuir a la erradicación de la clandestinidad, algo que aún no sucede en Oaxaca, pues hasta ahora no hay garantías para las mujeres que buscan ejercer ese derecho.

Lo anterior, explica, porque aunque la ley cobija a las mujeres para evitar que sean aprehendidas tras interrumpir su embarazo, hasta ahora no garantiza que los procedimientos estén bajo supervisión del sector Salud.

Al respecto, Marea Verde Oaxaca señala que, en comparación con los seis casos que se han dado en la legalidad, las acompañantes atienden igual número de casos en una sola semana, y aunque a través de redes sociales se da la posibilidad de ser acompañada, la clandestinidad persiste.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se calcula que, en un año, en el estado se registran cerca de 2 mil 300 abortos clandestinos; sin embargo, por cada uno existen cuatro no registrados, lo que suma hasta 9 mil 200 casos anuales.

Ante ello, quienes buscan un proceso seguro acuden a organizaciones o se trasladan a la Ciudad de México, donde hay acceso a la ILE desde 2007. Sólo de 2015 a 2020, 176 oaxaqueñas viajaron a la capital por ese motivo.

En Oaxaca, únicamente el Hospital Civil es el que recibe a mujeres que desean interrumpir el proceso de gestación.

No obstante, los SSO apuntan que se está conformando una red de centros médicos que puedan realizar los procedimientos sin que las mujeres sean objeto de discriminación.

Según Marea Verde Oaxaca, esta discriminación existe cada que un médico niega a una mujer el derecho a decidir.

Desde la modificación al Código Penal, dice la organización, los casos que se acompañan no han disminuido y se mantienen, sobre todo, en mujeres indígenas.

Sobre el tema, Valentina Jaso es clara: “Lo que hace falta en Oaxaca es sensibilizar e informar a la sociedad sobre el tema, no sólo a las mujeres, sino a todos”.

Con información de El Universal. 25 de septiembre de 2020.

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