La sociedad poblana ha vivido una verdadera polarización desde que la iniciativa para la interrupción legal del embarazo ingresó al Congreso de Puebla.

En Puebla, el tema del aborto está polarizando a la sociedad: por un lado, la arquidiócesis de Puebla, junto con grupos católicos, universidades e instituciones de inspiración católica, así como religiones evangelistas y cristianas, defienden la vida desde su concepción; mientras, las diputadas por Morena y el PRI, Estefanía Rodríguez Sandoval y Rocío García Olmedo, respectivamente, así como la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, y activistas piden que se despenalice la interrupción del embarazo, se aborde el tema como un problema de salud pública y se respete el derecho de las mujeres a decidir.

Para quienes se oponen a la legalización del aborto, la interrupción del embarazo es equiparable a un homicidio. El propio arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, al retomar las palabras del Papa Francisco, aseguró que son “sicarios” aquellas personas que cometen el aborto, así como quienes legislan para que se permita.

En contraste, la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval presentó una iniciativa para que el aborto no solo sea legal, sino que se reconozca como un derecho de las mujeres en el estado y que en los hospitales públicos se pueda realizar la interrupción del embarazo de forma gratuita en las primeras 12 semanas de gestación.

El 12 de noviembre, la iniciativa de Rodríguez Sandoval para la interrupción legal del embarazo ingresó al Congreso local y fue turnada a las comisiones unidas de Salud y Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.

La iniciativa propone agregar el capítulo VIII a la Ley Estatal de Salud la denominación de “Interrupción legal del embarazo”; además, se busca la despenalización del aborto a partir de un cambio al Código Penal, que en la actualidad castiga esta práctica hasta con un año de cárcel.

El dato… La iniciativa «Interrupción legal del embarazo» propone: “Las instituciones públicas de salud del Estado deberán proceder a la interrupción legal del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad cuando la mujer interesada así lo solicite, desde la concepción y hasta la décima segunda semana de gestación.”, destaca la propuesta.

La reforma plantea que el personal médico y de enfermería a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento:

“Podrán ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con el personal no objetor”.

En su momento, la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, quien desde años atrás impulsa la legalización del aborto y que se permita a las mujeres decidir sobre su cuerpo, planteó la importancia evitar la criminalización por decisiones personales.

García Olmedo explicó que Puebla ocupa el tercer lugar de mujeres que acuden a realizarse un aborto a la Ciudad de México. Entre 2009 y el año 2019, 11 mujeres fueron sentenciadas con la privación de su libertad por realizarse un aborto en la entidad.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) destacó que el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna en el país y las mujeres en México son criminalizadas por el delito de aborto, en ocasiones con penas de prisión.

“En muchas ocasiones, niñas y mujeres ven obstaculizado el ejercicio de sus derechos humanos por el desconocimiento, por parte del personal médico, del marco jurídico en el que su actuación como profesionales de la salud debe enmarcarse. De esta forma, es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de aborto es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo. Sin embargo, además de revictimizarlas y de incurrir en violaciones de sus derechos humanos, contravienen la ley”, destaca el reporte.

Auto regulación sin anticonceptivos, propone Iglesia.

La Arquidiócesis de Puebla expresó su rechazo contra la iniciativa que ingresó al Congreso del estado para que se permita la interrupción legal del embarazo y que las instituciones públicas de salud lo puedan realizar de forma gratuita hasta la semana 12 de gestación.

A través de un posicionamiento, llamó a implementar acciones de prevención basada en la auto regulación y no en la anticoncepción.

“Es mejor pensar en la prevención, apostando por una verdadera formación y humanización de la sexualidad, no fundamentada en el permisivismo y la anticoncepción, sino orientada a la madurez humana y afectiva, a la auto regulación y la valoración correcta del amor y del don de la sexualidad para la plenitud de la persona; además de ello, es necesario crear estructuras y mecanismos de protección en favor de las mujeres y de su dignidad”, destacó.

De acuerdo con la Arquidiócesis de Puebla, la vida comienza desde la concepción y resaltó que un embrión es un individuo por la unión de los gametos de sus progenitores; además, ya cuenta con ADN y con su patrimonio genético.

La diócesis poblana destacó que una vez verificada la concepción, el seno materno es habitado por una vida humana y aseguró que el producto es una persona, independientemente del tiempo de gestación. Asimismo, destacó que el embarazo no es una enfermedad; mientras que “la noble vocación del médico se encamina a salvar vidas y procurar la salud, nunca a su destrucción o deterioro intencional”.

“El aborto es un crimen que queda en la conciencia”

El aborto es un crimen y quedará en la conciencia de la persona que lo comete y de todos los que ayudan a que se concrete, explicó el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien mantiene su postura en defensa de la vida desde la concepción.

Para Sánchez Espinosa, la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural no es un tema religioso o de discusiones, sino un principio de derechos humanos que se debe respetar.

“Puebla es un estado que aprecia el valor de la vida, hay otras voces distintas, pero el derecho la vida es un tema no religioso, es un tema de derechos humanos. Si no tenemos el derecho a la vida, no vamos a tener otros derechos”, explicó.

Antecedentes del aborto.

A nivel nacional, en el Código Penal de 1871 el aborto se ubicó en el capítulo IX del título segundo, Delitos contra las personas, cometidos por particulares. En aquel Código Penal solo se admitían dos casos de aborto no punible: el producido sólo por culpa de la mujer embarazada y el considerado como necesario: cuando de no efectuarse, la mujer embarazada corra “peligro de morirse”.

De acuerdo con el análisis la “Evolución del aborto en México”, realizado por Olga Islas De González Mariscal, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Código Penal de 1929 sigue las disposiciones contenidas en el Código Penal de 1871 y mantuvo las dos razones en las que no se castigaba.

Fue en el Código Penal de 1931 cuando se agregó una tercera causa por la que no se sancionaba el aborto, cuando el embarazo fuere resultado de una violación en el Artículo 333. Esta adición “fue un logro muy significativo en esta materia, porque se atiende a la situación de una mujer ultrajada”.

En la actualidad, solo en la Ciudad de México y Oaxaca pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal sin importar la causa.

El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José Baños Ardavín, llamó al Congreso a establecer mesas de diálogo para escuchar a todos los sectores de la sociedad en el análisis de temas polémicos como el aborto.

Resaltó la importancia de que, a partir de abrir la puerta a diferentes perspectivas, se pueda construir un mejor entorno, un mejor escenario y una estructura legislativa.

Con información de Milenio.