El Gobierno de Chile expresó hoy su “solidaridad” con una mujer que fue detenida en un hospital de la norteña ciudad de Calama, a donde se dirigió por problemas de salud después de inducirse un aborto, una práctica ilegal en el país suramericano.

“Lo primero que queremos es manifestar nuestra solidaridad, la preocupación por su estado de salud y la difícil situación que vivió estando hospitalizada y luego detenida (…) por recurrir a una práctica de aborto”, dijo en un comunicado la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual.

El sábado pasado, la joven de 25 años fue ingresada en el hospital de Calama por una hemorragia vaginal y un fuerte dolor abdominal y el ginecólogo que la atendió en el servicio de urgencias encontró restos de Misoprostol, un fármaco para úlceras cuyos efectos secundarios se usan para abortar.

El galeno denunció el aborto a la policía, que detuvo a la joven en el mismo hospital.

La ministra Pascual consideró hoy que hechos como el de Calama hacen necesario un debate “serio” sobre la “vulneración de derechos” que afecta a las mujeres en Chile, donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia.

El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet envió a fines de enero al Parlamento un proyecto de ley para despenalizar el aborto en los casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, una iniciativa que ya empezó a discutirse en el Legislativo, donde el oficialismo tiene el apoyo necesario para aprobarla.

Pascual, la primera militante comunista en integrar un gabinete desde el Gobierno de Salvador Allende en 1973, destacó que el Ejecutivo está impulsando una agenda de género para defender los derechos de las mujeres en casos como el de la joven de Calama.

Chile, junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano, son los seis países del mundo donde está penalizado el aborto terapéutico.

El aborto está prohibido en Chile por una norma impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1989, poco antes de dejar el poder, al modificar el artículo 119 del Código Sanitario de Salud, que desde 1931 permitía en el país austral el aborto terapéutico.

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