Despenalización. Las organizaciones de derechos humanos y feministas nuevamente se han movilizado ante el caso. Para Camila Maturana, de Corporación Humanas, «este tipo de situaciones lamentablemente pone de manifiesto la magnitud de la violencia sexual en Chile, sobre todo contra las niñas y adolescentes que están en una situación de mayor vulnerabilidad». Actualmente, las mujeres —y mucho menos las menores— no acostumbran a pedir esta intervención sanitaria públicamente ya que no se considera una alternativa posible. «Formulamos un llamado ético a los legisladores a mirar esta realidad trágica. Resulta urgente aprobar a la brevedad el proyecto de ley de aborto en tres causales y a revisar los contenidos de lo que se está debatiendo, porque determinados aspectos no contribuyen necesariamente a proteger a las víctimas», indica Maturana. En Chile existen pocos datos cuantitativos sobre los embarazos producto de una violación. La especialista en ginecología infantil y adolescente Andrea Huneeus compareció en 2015 ante los parlamentarios de la Cámara y proporcionó cifras reveladoras. «El 66% de las embarazadas por violación es menor de edad y el 11% tiene menos de 12 años. Es decir, son niñas», señaló Huneeus en una entrevista a la revista Paula. Según la especialista, en un 90% de los casos son embarazadas por algún familiar o conocido. «Por las condiciones de vulnerabilidad que se presentan en las menores de edad embarazadas por violación lo ideal sería dejarlo sin limitación de tiempo», indicó Huneeus a la citada revista. De hecho, en 2013 un caso similar al de la niña de Villarica ya desató una fuerte polémica en Chile. Las restrictivas leyes en América El aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia en cinco países de Latinoamérica: El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile. La intervención se permite en algunos casos —como malformación fetal— en países como Brasil, Ecuador o Argentina. Leyes de plazos como las europeas solo están vigentes en Uruguay. En la Ciudad de México el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación por voluntad propia de la mujer, en todo el país es legal si se trata de violación, pero muchas veces las autoridades ignoran eso por lo que las mujeres se ven forzadas a viajar a la capital del país. Con información de El País]]>