Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Reproductivos abogaron hoy por la despenalización del aborto en América Latina, donde la normativa sobre interrupción del embarazo se encuentra entre las más restrictivas del mundo.

Estas organizaciones no gubernamentales participaran en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres embarazadas en América.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que lamentablemente el debate acerca de la despenalización del aborto en América Latina “suele estar plagado de discusiones ideológicas y dogmas religiosos que parecen ignorar que lo que está en juego es la salud y la vida de mujeres y niñas”.

En América Latina y el Caribe, únicamente tres países -Uruguay, Cuba y Puerto Rico- y la ciudad de México DF tienen una legislación que permite el aborto sin restricciones. Once países permiten el aborto bajo ciertas circunstancias y en cuatro países -Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua- está penalizado bajo todas las causales.

El Centro de Derechos Reproductivos explica que a pesar de que son pocos los países que penalizan totalmente el aborto, en América Latina “el acceso a un aborto seguro y legal sigue siendo limitado”.

“Esto genera en la práctica abortos inseguros y clandestinos que ponen en riesgo la vida y la salud de mujeres y niñas”, advirtió Vivanco, que instó a los gobiernos de la región a avanzar para “hacia la adopción de medidas que aseguren que mujeres y niñas puedan acceder a un aborto seguro”.

Según el Centro de Derechos Reproductivos, cada año en América Latina y el Caribe aproximadamente 757 mil mujeres son tratadas por complicaciones derivadas de abortos clandestinos.

Junto con el Caribe, AL es la única región en el mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas menores de 15 años. La región registra, según Unicef, la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes del mundo.

“Estos embarazos roban a las jóvenes de su infancia y tienen consecuencias nefastas tanto en su salud física, mental y social”, advirtió Casas.

Muchas adolescentes menores de 15 años enfrentan una maternidad no planificada “porque en muchos países de la región el aborto está duramente penalizado, hay interpretación restrictiva del aborto terapéutico y el acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductivas es deficiente”.

Muchos de los embarazos que ocurren en adolescentes de 15 años son producto de una violación sexual.

Vivanco explicó que “la penalización del aborto cuando el embarazo es producto de una violación revictimiza a las mujeres, pues las priva por segunda vez del derecho a decidir sobre su cuerpo y tomar decisiones sobre su vida reproductiva”.

“De poco sirve seguir horrorizándonos por casos terribles de niñas violadas que quedan embarazadas y que no pueden abortar. Aquellos gobiernos de la región que dicen inspirarse en el respeto de los derechos humanos deben pasar del discurso a la acción implementando de lleno sus obligaciones jurídicas internacionales para garantizar que niñas y mujeres accedan a abortos legales y seguros”, añadió Vivanco.

Según este activista, la principal fuerza que impide el avance sobre los derechos reproductivos en América Latina “son las iglesias, encabezada por la iglesia católica y evangélica”, que están “en pie de guerra intentando imponer, en muchos casos con gran éxito, sus dogmas religiosos”.

Casas explicó que están llevando el tema ante la CIDH porque “queremos reflejar que esta no es una situación aislada de un país o un pueblo, sino que es un problema regional”.

Estas ONG confían en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede establecer estándares regionales nos ayude a generar un estándar para que haya una interpretación mucho más amplia del derecho a la salud de las mujeres embarazadas en América Latina.

Con información de La Jornada

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