Decenas de educadoras sexuales y defensoras del aborto en América Latina están siendo víctimas de amenazas de muerte, hostigamientos y ataques por parte de ciudadanos incluso bajo el aval de algunos gobiernos, haciendo que muchas abandonen por miedo su trabajo, denunció este miércoles Amnistía Internacional (AI).

La organización retoma un caso en Yucatán, donde hay “una brutal campaña” contra integrantes de la única organización que practica el aborto legal, que les “obligó a la gran mayoría de los miembros del personal a renunciar a su trabajo” por temor a que “les pasara algo si se sabía que trabajaban en la clínica”.

“Atreverse a hablar del aborto y la educación sexual en Latinoamérica parece ser razón suficiente para que te tachen de ‘delincuente’, ‘asesina’, e incluso ‘terrorista'”, lamentó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, al presentar un informe sobre esta problemática.

La ONG pone como ejemplo un sonado caso registrado recientemente en Paraguay, donde activistas de la ONG CLADEM apoyaban la petición de aborto de una niña de 10 años que fue violada por su padrastro.

La niña acabó teniendo en agosto una hija, después de que las autoridades le negaran el aborto, y los activistas denunciaron haber recibido llamadas amenazantes por teléfono y destrozos en sus automóviles.

Amnistía también recuerda otro caso ocurrido en El Salvador, donde una organización es objeto de una “cruel campaña de hostigamientos” por apoyar a 17 mujeres condenadas a prisión acusadas de haber matado a sus fetos, pese a que ellas alegaron haber tenido abortos espontáneos.

“Personas del gobierno y de grupos fundamentalistas nos han atacado y estigmatizado con mentiras horribles en los medios y en las redes sociales”, denunció Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

Para la directora para las Américas de AI, “las campañas de difamación son una táctica bien conocida de las autoridades para intentar impedir que se hable de asuntos que les resultan incómodos” y “suelen ser también un primer paso para llevar a quienes lo hacen a los tribunales”.

“Si los gobiernos no asumen su responsabilidad de proteger a estas valientes defensoras de los derechos humanos y respetar su trabajo, tal situación seguirá empeorando peligrosamente en el futuro inmediato”, advirtió.

Con información de La Jornada

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